Actualidad · Derecho europeo

Cuándo puede invocarse una directiva europea frente a la Administración

Una directiva europea puede reconocer derechos que España todavía no ha incorporado correctamente a su legislación. ¿Significa eso que un ciudadano o una empresa deben esperar a que el legislador actúe para poder exigirlos? En determinadas circunstancias, pueden invocarlos directamente frente a la Administración.

Esta posibilidad deriva del llamado efecto directo de las directivas. Junto con la primacía del Derecho de la Unión Europea, es una herramienta relevante para defender los derechos de particulares y empresas. Su aplicación exige, sin embargo, distinguir qué disposición se invoca, frente a quién y con qué finalidad.

Primacía y efecto directo no son lo mismo

El principio de primacía exige que el Derecho de la Unión prevalezca, dentro de su ámbito de aplicación, sobre las normas nacionales incompatibles. Su finalidad es que las reglas europeas se apliquen de manera uniforme en todos los Estados miembros.

Primacía y efecto directo son, sin embargo, conceptos distintos. La primera determina qué norma prevalece en caso de conflicto; el segundo permite invocar una disposición ante las autoridades nacionales. Por eso, la primacía no convierte automáticamente cualquier previsión de una directiva en un derecho directamente exigible.

Cuándo puede aplicarse directamente una directiva

Las directivas obligan a los Estados a alcanzar determinados resultados, pero normalmente necesitan incorporarse al Derecho nacional mediante la transposición. Cuando esa incorporación falla, el incumplimiento del Estado no debe privar a los particulares de la protección europea.

Para invocar directamente una disposición frente al Estado deben darse, en términos generales, tres condiciones:

  1. Que haya vencido el plazo de transposición.
  2. Que el Estado no la haya incorporado o lo haya hecho incorrectamente.
  3. Que la disposición invocada sea suficientemente clara, precisa e incondicional.

El examen se hace precepto a precepto: no todas las disposiciones de una misma directiva reúnen necesariamente esos requisitos.

Frente a quién puede invocarse

Como regla general, el efecto directo de las directivas es vertical: permite a un particular invocar una disposición frente al Estado.

El concepto de Estado va más allá de la Administración central. Puede abarcar a las administraciones territoriales y a determinados organismos o entidades sujetos a control público. También puede alcanzar a entidades privadas a las que se haya encomendado una misión de interés público y que dispongan para ello de facultades especiales, como precisó el Tribunal de Justicia en el asunto Farrell (C-413/15).

Por tanto, la forma jurídica de la entidad no resuelve por sí sola la cuestión. Hay que analizar su relación con los poderes públicos, sus funciones y sus facultades.

La Administración no puede usarla en tu contra

La regla no funciona en sentido inverso. El Estado no puede apoyarse en una directiva no transpuesta para imponer por sí sola obligaciones a un particular: es la prohibición del llamado efecto directo vertical inverso.

La sentencia de 8 de octubre de 2020 en el asunto MO contra Subdelegación del Gobierno en Toledo (C-568/19) aplicó esta regla en materia de extranjería. El Tribunal de Justicia rechazó que la Administración se apoyara directamente en la directiva de retorno para acordar una expulsión, en las circunstancias examinadas, desplazando las condiciones más favorables de la legislación nacional.

En la próxima entrega

El efecto directo tiene límites cuando el conflicto no es con el Estado, sino con otra empresa o con otro particular. En el próximo artículo veremos qué ocurre en esos casos y cómo opera la interpretación conforme.

Si una actuación administrativa puede estar limitando un derecho que te reconoce la legislación europea, en EVENOR Abogados podemos ayudarte a analizarlo.

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